El virus del síndrome agudo respiratorio severo 2 (SARS-CoV-2) es el agente etiológico de la pandemia de COVID-19 que ha paralizado a la humanidad por su elevada tasa de transmisibilidad y de mortalidad. En Ecuador su diagnóstico y vigilancia a nivel nacional está a cargo principalmente del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. Una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Salud Pública (MSP), con autonomía financiera y recursos provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo al decreto 1290 de creación del INSPI tiene como atribuciones y responsabilidades “Ejecutar los Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación que la Autoridad Sanitaria Nacional y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología hubieren aprobado; y, Proveer servicios de laboratorio especializado en salud, en función de las prioridades establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional”. Como en epidemias anteriores, por ej. las de Zika y Chikungunya, el INSPI   cumple a cabalidad su rol de provisión de servicio especializado para el diagnóstico y vigilancia de COVID-19.

En relación a la ejecución de proyectos de investigación científica, y en concordancia con sus responsabilidades, el INSPI también lidera varias iniciativas de investigación en salud en el país. Una tarea que constantemente confronta a la institución con los desafíos intrínsecos de ejercer estas actividades en países con escasos recursos y que entre los más relevantes incluye: 1) limitados recursos económicos, 2) falta de talento humano e infraestructura, 3) intricadas normativas para la obtención de permisos de investigación con muestras humanas, y adquisiciones, y 4) costos elevados de equipos e insumos ^1,2. Si bien estos desafíos limitan la agilidad para hacer investigación se cumple con este encargo con mucha disposición. La experiencia adquirida por quienes hacemos investigación en salud en el país y la sensibilización de actores claves en la importancia de esta actividad, evidenciada por la necesidad de respuestas al COVID-19, constituyen una valiosa oportunidad para promover estrategias conjuntas para facilitarla y fortalecerla.

Respecto al primer desafío, Ecuador invierte en investigación apenas un 0.36% de su PIB, un valor tres veces menor que Brasil, el país que más invierte en la región (1,26%), y entre 10 y 13 veces menos que los países que más invierten a nivel global, Corea, Israel, Alemania y EE. UU (3-5%). De acuerdo a datos de la Red Interamericana e Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), actualizados al 2019, Ecuador se ubica en el puesto 9 de 16 países de América Latina y el Caribe, en cuanto a inversión en ciencia y tecnología ³. Es una comparación correspondiente a un promedio entre los años 2008 y 2014. Del 2015 al 2020 no hay datos del país en la RICYT; sin embargo, y en concordancia con la crisis económica local se evidencia una reducción considerable de inversión, reflejada por la falta de financiamiento y/o convocatorias de la SENECYT para proyectos de investigación en estos años. Una potencial estrategia para solventar este desafío es que el Estado encuentre mecanismos que garanticen su inversión continua, por ejemplo, a través de una fracción de los impuestos con los que contribuimos permanentemente. Alternativamente, los actores de la investigación en salud podríamos promover más colaboraciones interinstitucionales que permitan cofinanciar temas de interés mutuo o la presentación de propuestas fuertes a convocatorias de fondos externas.